Roberto Altamirano denunció al ex intendente Bustos por una obra nunca hecha
El actual intendente de San Javier Roberto Altamirano, junto con su gestión, denunció a Alejandro Bustos, a Raúl Parra (ex secretario de acienda), a un arquitecto que hacía las leyes de asistente técnico y el apoderado de la empresa que se hizo cargo de la construcción por estar pagando una deuda sobre una obra pública en el Polideportivo la cual no fue realizada (pileta de natación). Federico Iribarren, concejal en San Javier y presidente provincial del Partido Nuevo Encuentro, indica que en una sesión del consejo llegó una correspondencia del Departamento Ejecutivo en la cual se manda una copia de la denuncia expuesta en sede judicial por Roberto Altamirano y su gabinete de gobierno donde denunciaban a la anterior gestión. Esta causa fue lo que provocó que se pida un juicio político en el pasado, pero los propios concejales de Unión por Córdoba lo pasaron por alto hasta que Bustos renunció y ahora se debe juzgar en tribunales.
Algunos concejales se opusieron a que se obtuviera este préstamo a través de descuentos de la cooparticipación porque el interés era usurario y la tasa con la que se iba a ajustar ese crédito venía por el sistema del Banco Francés, donde las primeras cuotas son de interés y las últimas son de capital. Esto hace que las cuotas aumenten y disminuyan progresivamente a medida que las mismas avanzan. Además de que el interés era muy elevado, había un índice intermedio compuesto entre el costo de vida y el costo de construcción. Mientras eso venía dentro de los márgenes del Gobierno Nacional anterior en el cual la inflación se contenía en unos parámentros relativamente aceptables y era otro esquema el que se calculaba, el crecimento era más acorde a la situación que se planteaba. Después del 2015 se dispararon exponencialmente los costos de los ajustes mensuales sumado a una inflación constante logrando que, el día de hoy, más del 50% de la cooparticipación de San Javier ($200.000) esté comprometida en un préstamo obtenido pero que el dinero no fue utilizado con el fin propuesto.
El crédito se sacó primero por $4.000.000, después se hizo un refuerzo por $1.500.000 y la ordenanza que Bustos pidió para un sobrepréstamo nunca fue votada ni tratada en el concejo deliberante. El dinero fue mandado “directamente al bolsillo” por un papel falsificado, dijo Iribarren.